El gobierno de Abelardo de la Espriella ha impuesto fuertes incrementos en las tarifas de electricidad de los colombianos a partir de octubre, una decisión que representa un duro golpe para millones de hogares y pequeños negocios.
Resulta difícil creer que cualquier extranjero que haya visitado Colombia durante los últimos cuatro años pueda concluir que el caso de Juliana Guerrero constituye un hecho inédito en nuestra historia política.
Nuestra solidaridad debe estar con las verdaderas víctimas del fascismo: aquellas personas que no cuentan con el respaldo de las élites bogotanas, que no tienen recursos para defenderse y que hoy enfrentan las consecuencias de un proyecto político autoritario.
En una jugarreta politiquera que parece sacada del manual de quienes nunca asumen responsabilidades, ahora pretenden que el desorden y la falta de planeación del gobierno de Alfonso Eljach terminen siendo cobrados políticamente a la actual administración de Barrancabermeja.
El abogado y activista político Ciro Meneses generó debate en redes sociales tras publicar en su cuenta de X un análisis sobre la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación.
La libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de toda democracia. En Colombia, el espectro electromagnético es un bien público de propiedad de la Nación y su utilización está sometida a principios de igualdad de oportunidades, pluralismo y prevalencia del interés general.
La salida, con efecto inmediato, de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo de Blu Radio deja una pregunta incómoda: ¿podemos ser solidarios con ellas, aun cuando durante años no compartimos muchas de sus posiciones y cuestionamos el papel que desempeñaron en el debate político nacional?
En los últimos días con bombos y platillos el nuevo presidente anunció un Plan (no se conocen los detalles) para la recuperación de la NAVEGABILIDAD del río Magdalena, a lo que políticos, funcionarios públicos, dirigentes gremiales y por supuesto sus aúlicos se desplegaron en elogios.
El portal Desigual Colombia (bastante amarillista, por cierto) afirmó que el Gobierno Petro firmó un convenio de $33.986 millones «para rituales ancestrales indígenas». Me tomé el trabajo de leer el convenio completo, sus anexos y los informes de ejecución.
Hay algo maravilloso en el manifiesto del supuesto “Centro Político». Se tomaron tres páginas para explicarnos que son el centro, pero admiten que ni siquiera saben exactamente qué significa “centro”.
